NO HAY QUINTO MALO PERO AL PARECER SI, DUDAS Y SOSPECHAS ENVUELVEN MUERTE DE MENOR BAJO CUSTODIA DEL DIF NL, PODER DE CONVOCATORIA, ACTÚA A LA MALA SINDICATO DE TRABAJADORES DE ALLENDE,
DE ESTO Y MÁS TE ENTERARÁS EN LA COLUMNA,
VISIÓN POLÍTICA
Por: El Visor
NO HAY QUINTO MALO PERO AL PARECER SI.
Ya se pusieron de acuerdo los diputados con el gobernador y van por una nueva Constitución, la sexta por si alguien le gusta llevar cuentas.
La intención es que en menos de seis meses se arme un nuevo documento y quede lista para ser votado en este 2022 antes de que finalice el año por el Poder Legislativo, cuando menos en su primera vuelta, y la segunda, nomás arrancando el 2023.
Échele un ojo a la Historia: consumada la Independencia de México, en 1825 Nuevo León elaboró su primera Constitución Política, la cual apenas 24 años después fue cambiada por otra ya en la época de la Reforma en 1849, para seguir su periplo de cambios en 1857 y 1874, siendo el último cambio total, es decir, una nueva nueva Constitución, en la época revolucionaria en 1917.
El actual documento consta de 153 artículos, distribuidos en 13 títulos, los cuales a su vez se dividen en casi un centenar de leyes y códigos. Fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de diciembre de 1917 y entró en vigor el 1 de enero de 1918.
A lo largo de 104 años, ha sido objeto de 214 reformas y adiciones. Los artículos más reformados son el Tercero, que advierte los derechos a la salud, a vivir en un ambiente sano, los derechos de la niñez y adultos mayores, el derecho a la educación, movilidad, deporte y paz; el 63 que contiene las atribuciones del Congreso; y el 85 que ordena las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Durante su campaña electoral por la gubernatura, Samuel García Sepúlveda propuso como banderas políticas la promulgación de un nuevo pacto fiscal, para hacer que Nuevo León reciba más recursos de la federación, y la promulgación de una nueva Constitución Política, para modernizar y adecuar el marco jurídico en que viven los nuevoleoneses.
El 4 de octubre cuando asumió la gubernatura, volvió a mencionar el que se elaborara un nuevo texto, para reiterarlo de nuevo el 16 de diciembre, en el marco del 104 aniversario de la Carta Magna Local, para que los tres poderes del Estado se abocaran a construir un nuevo texto de vanguardia con sentido federalista.
Si no pasa nada importante, es decir, no se pelea Samuel con los legisladores, todos son amigos y se llevan de manita sudada, pellizco de hormiguita y nalgada, el emecesita podrá presumir que además de ser el gobernador más joven en ser electo, fue el que impulso la modernidad legal en el Nuevo Nuevo León.
Pal baile vamos.
DUDAS Y SOSPECHAS ENVUELVEN MUERTE DE MENOR BAJO CUSTODIA DEL DIF NL
Entre más quiere aclarar parece que el gobierno de Nuevo León embrolla más el caso de la muerte de un menor de edad en el centro de custodia de la colonia Fabriles, el cual opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Aunque ya salió el propio gobernador Samuel García en defensa del director del DIF, queriendo presentar como una versión oficial como la verdad absoluta, sin aceptar como válidos los cuestionamientos de organizaciones civiles, diputados de oposición y medios de comunicación, las dudas prevalecen y no se disiparán tan fácilmente en aire.
¿Hubo negligencia criminal institucional? ¿Ya estaba enfermo el menor antes de su fallecimiento? Y sí fue así ¿cómo llego a esa condición?
¿Acaso no son revisados de manera periódica los niños y menores de edad en su estado de salud físico y mental? ¿Por qué no fue atendido de inmediato por un médico? ¿No hay personal vigilando las estancias donde duermen y conviven los menores? ¿Por qué cremar con tanta rapidez su cuerpo, si el fallecimiento fue por las causas que mencionan y no por enfermedad contagiosa o Covid 19?
Además, ¿Por qué se dio vista hasta las autoridades ya cuando estalló el escándalo y no el mismo día del fallecimiento? Y ¿Qué médico firmó el acta de defunción, la cual se expide en caso de que el fallecimiento fuera por causas naturales en domicilio particular u hospital, pero en el caso de ser una institución pública debe darse notificación al Ministerio público, el cual debe de certificar el deceso y sus causales, recabar testimonios y ordenar una autopsia de ley, la cual es ¿OBLIGATORIA?
Es decir, si en el hipotético caso de que Samuel García o cualquier otra persona muriera en Palacio de gobierno por infarto y aún cuando se conociera su condición médica que lo llevo a ello, por ser un lugar fuera de hospital o domicilio, se debe de practicar la necropsia de manera forzosa por disposición de ley, sin excusa alguna.
Las dudas y el sospechosismo prevalecen.
PODER DE CONVOCATORIA
Quien estará de manteles largos y con casa llena es el alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes Llovera.
El munícipe inicia este miércoles el programa de Activación de Áreas para Mejorar la Movilidad y Seguridad de los Habitantes en Colonia La Alianza.
En coordinación con el Gobierno del Estado, la administración escobedense pondrá en operación un andador peatonal y pluvial, con el cual se generarán espacios de calidad con áreas de descanso y recreación seguras para las familias de la Alianza.
Además, se hará la apertura de 12 calles que brindan una mejor movilidad y seguridad a los habitantes del sector.
Como madrinas y padrinos de lujo del programa están invitadas Mariana Rodríguez Cantú, titular de la Oficina Amar a Nuevo León; Martha Patricia Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión, Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, además de Judith Díaz Delgado, delegada de Bienestar.
También participarán Enedina Rodríguez, presidente del Comité de Participación Social y María del Consuelo Bañuelos Lozano, directora general y fundadora de Promoción de Paz A.B.P. y Presidenta del Consejo Rector para el Desarrollo Humano de Monterrey.
Mijes Llovera muestra así poder de convocatoria y capacidad de conciliación entre diversos actores y servidores públicos de distintos partidos y colores.
ACTÚA A LA MALA SINDICATO DE TRABAJADORES DE ALLENDE
Quien no respeta acuerdos, ni procedimientos legales, mucho menos atender un convenio firmado y pactado en lo individual entre autoridad y un particular es el dirigente del sindicato de trabajadores municipales de Allende, Jesús Baltazar Tamez Guerra.
Resulta que el secretario general del gremio de empleados municipales violentó un acuerdo ya firmado por un ex empleado de la administración actual, la cual presidente Patricia Salazar Marroquín, y por sus pistolas, exigió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje invalidad un convenio de liquidación, sólo por su capricho personal y como una intentona de presionar a la parte patronal a cumplir los acuerdos contractuales de salarios y prestaciones.
El municipio estableció de manera previa un convenio de pagos para liquidar por cese a un ex empleado, entregándole en plazos programados a varios meses la cantidad de 400 mil pesos. Todo bien hasta ahí, ya que ambas partes acordaron frente a la autoridad laboral el procedimiento administrativo.
Empero, Tamez Guerra presionó, pataleó y amenazó a la autoridad laboral para que de manera directa emitiera un laudo judicial para que en una sola emisión se le retirara de una cuenta bancaria que maneja el gobierno de Salazar Marroquín los fondos reclamados en la demanda laboral, lo cual afectó sin querer la ejecución de otros programas y actividades establecidas con antelación por la autoridad municipal.
El líder sindical asegura que todo lo hace por el bien de Allende.
