RIESGO LATENTE DE QUE EN 2023 SIGA AUMENTANDO LA OLA DE CRIMINALIDAD, FUERZA CIVIL DESMANTELADA VIGILA ZONA RURAL, Y DEJAN ÁREA URBANA DESPROTEGIDA, CAMBIO EN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PODRÍA IMPACTAR A NUEVO LEÓN,
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LA COLUMNA DE VISIÓN
Por: El Visor
RIESGO LATENTE DE QUE EN 2023 SIGA AUMENTANDO LA OLA DE CRIMINALIDAD
La incapacidad de las autoridades estatales para coordinarse con el Gobierno Federal y los municipios, propició el clima ideal para que la delincuencia organizada sembrará el terror en la zona metropolitana de Monterrey, con más de 800 muertes violentas en este 2022.
Ni siquiera los refuerzos con más de mil 200 elementos de la a Guardia Nacional, el cambio mandos en la cuarta región y séptima zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y dos secretarios de Seguridad estatales, más cientos de nuevos policías municipales equipados con patrullas y mejor armamento, la ola de violencia no disminuyó.
Lanzado en enero del 2022, el llamado operativo Monterrey Seguro al que convocó el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, pasando por encima del Estado al convocar a otros munícipes, autoridades federales y estatales como la Fiscalía de Justicia, se convirtió al paso de los meses en un fracaso por la falta de voluntad política para implantar acciones conjuntas.
De los mil 400 homicidios dolosos cometidos hasta fines de diciembre, la Fiscalía General de Justicia estatal estableció que 900 de ellos estaban vinculados a la venta y trasiego de droga.
En el último trienio del gobierno de Jaime Rodríguez, el número de homicidios dolosos se mantuvo constante: en el 2019 la cifra total fue de 956, y al cierre del 2020 descendieron a 914; y para 2021, se registraron mil 69.
FUERZA CIVIL DESMANTELADA VIGILA ZONA RURAL, Y DEJAN ÁREA URBANA DESPROTEGIDA
Mientras el gobernador Samuel García asegura que el reforzamiento de Fuerza Civil como policía de tercer nivel y combate a delitos de acto impacto, ha impedido que los grupos de narcotraficantes operen y causen enfrentamientos en el área metropolitana, las ejecuciones en grupo o individuales son el pan de cada día.
En promedio, se registran entre ocho a diez ataques a balazos con saldo mortal, o bien la aparición de cuerpos mutilados o cadáveres en casi todos los municipios, desde Monterrey a García, de Apodaca hasta Santa Catarina, Escobedo, Guadalupe o Santiago.
El relevo de Aldo Fasci por Gerardo Palacios Pamanes al frente de la Secretaría de Seguridad estatal mostró la ineficacia de los operativos policiales, y, sobre todo, dejó al descubierto la incapacidad de las autoridades para establecer coordinaciones con los mandos militares y de la Guardia Nacional, a fin de establecer operativos conjuntos.
Además, la inexistencia de una mesa estatal de coordinación con la participación del gobierno y los alcaldes para establecer acciones en conjunto, en prevención y en contra del narcomenudeo y el tráfico de amas, ahondó la crisis de violencia como no se había visto desde hace más de una década en el estado.
De continuar los conflictos políticos y legales entre el Poder Ejecutivo y más de la mitad de los alcaldes de la entidad que pertenecen al PAN, PRI y Morena, el riesgo de que en el 2023 el crimen organizado siga generando más violencia, será lamentablemente una realidad.
CAMBIO EN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PODRÍA IMPACTAR A NUEVO LEÓN
La renovación natural de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevista para este lunes, podría generar una ola en el cambio de criterios que asuman el máximo tribunal judicial del país, pero que en caso de Nuevo León se sentiría como un tsunami.
Si bien la gestión del polémico ministro Arturo Zaldívar, quien concluyó su periodo de cuatro años en el cargo el pasado 31 de diciembre, dejó un saldo favorable para los derechos humanos principalmente las mujeres, por su derecho a decidir sobre sí continúan o bien interrumpen su embarazo, una decisión unipersonal en la cual las autoridades no pueden intervenir ni influenciar, fue una de las principales decisiones que se tomaron en el seno de la SCJN.
Cuando menos existen una veintena de juicios de inconstitucionalidad promovidos ya sea por diputados locales y federales a leyes vigentes, como por parte del Gobierno –la mayoría de los casos interpuestos durante la gestión del exgobernador Jaime Rodríguez y cuando menos cinco por parte de su sucesor, Samuel García-, las resoluciones están pendientes de resolverse y, ya sea favor o en contra, la polarización de la política en Nuevo León seguiría dándose como el pan de cada día.
Habrá que esperar quien presidirá la Suprema Corte, y conocer si tiene tendencias a favor del conservadurismo o bien, se le identifica como del ala progresista.
La moneda está en el aire.











