Por: El Visor
BOMBA DESACTIVADA: SAMUEL GARCIA SE PONE LAS PILAS Y COMPLACE AL MAGISTERIO
Antes de que suceda otra situación, que será no lo dude usted, la negativa de los diputados locales de aprobar el presupuesto del 2025 cómo quiere el Gobierno sin cambiar una coma, hacerle ajustes y cuestionar un endeudamiento de casi 15 mil millones de pesos, Samuel García logró evitar le estalle una nueva crisis política.
Todo gracias a las maniobras y previsiones de quien, sin dudarlo, es el mejor funcionario de la actual administración estatal Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y Tesorero estatal.
El funcionario anunció que está más que garantizado el pago de salarios a las servidoras y servidores públicos del Estado. Pero principalmente, y eso es lo importante, de las y los maestros y personal de apoyo a la Educación.
Pocos saben fuera de los círculos del poder que la dirigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a cargo de Juan José Gutiérrez, externó en lo oscurito, casi en secreto, su preocupación y su malestar ante la grave situación de las finanzas estatales que en los últimos meses a partir de la elección del 2 de junio, empezó a suspender el pago a proveedores, despedir personal de confianza y a retener sueldos y prestaciones en forma aleatoria.
La crisis bien pudo llegar a afectar al magisterio estatal, que como es sabido puede trabajar bajo protesta, hacer lo posible por enfrentar pandemias o atender a sus alumnos sin materiales didácticos, energía eléctrica o en condiciones climáticas adversas.
Pero que no se les llegue a suspender o retener los salarios, o bien el pago de prestaciones como bonos de despensa y otros ingresos, porque salen a las calles a protestar no sin antes hacer de las suyas dentro de las escuelas o las oficinas de la Secretaría de Educación.
A sabiendas de que bien puede dejar al resto de la burocracia sin su quincena, como ya ocurrió con el personal de la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial quienes aguantan lo que sea, el tesorero Garza Ibarra se previno con tiempo y ya garantizó el pago de los 27 mil 186 docentes y personas empleadas administrativas del sector educativo estatal.
En pesos y centavos, en esta quincena se pagó un total de 1,880 millones de pesos, correspondientes a varios rubros.
27 mil 186 personas recibieron 395 millones de pesos como pago de la segunda quincena de octubre, 16 mil 829 personas cobraron 265 millones de pesos por aguinaldo y prima vacacional, y 5 mil 29 personas recibieron mil 189 millones de pesos por Bono de Antigüedad.
Además de que 21 mil 738 personas reciben el Bono a la Economía Familiar, por un total de 30 millones de pesos.
Como dicen en el rancho, el miedo no anda en burro.
LA REBELIÓN DE LOS COLGADOS: JUECES Y MAGISTRADOS DE NL SE NIEGAN A QUE CIUDADANÍA VOTE SI SIGUEN O DEJAN EL CARGO
Están en todo su derecho a renunciar. Que quede bien claro. Pero si nada deben, nada temen dice la voz popular.
Sin embargo, bajo el argumento de que “la dignidad tiene un precio muy alto y los dignos no aceptan rebajas”, ayer 22 juzgadores y magistrados del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León presentaron su renuncia ante la posibilidad de aparecer en la boleta electoral para intentar conservar su cargo, tal como la marca la nueva reforma.
Es interesante este hecho, porque si bien en las pasadas elecciones miles de personas participaron como candidatos a más de 20 mil cargos públicos en el país, desde la presidencia de México hasta regidurías, sindicaturas, diputaciones locales y federales, gubernaturas y senadurías.
Estos candidatos aceptaron no solo el riesgo, que en muchos lugares del territorio nacional terminó en asesinados y heridos, desaparecidos y amenazados tanto por el narco como por opositores, y sin embargo, el proceso en general culminó con una alta participación electoral, calificada como histórica.
Por eso es contrastante que estos jueces y magistrados, como muchos más a nivel federal, se nieguen a ser sometidos a un proceso electoral en el que deberán de exponer su experiencia, su capacidad, su trayectoria como servidores públicos, que a final de cuentas también lo son, y sobre todo su moralidad y buen desempeño.
¿Acaso temen que su actuación, su experiencia, su capacidad sea cuestionada?
Durante décadas, los integrantes del Poder Judicial Federal y el estatal se mantuvieron como una casta privilegiada, sin ser cuestionada ni sometida al escrutinio público. Sus decisiones, buenas o malas, apegadas a Derecho o interpretadas a su criterio, han cambiado vidas, empresas, destinos individuales o colectivos, y poco o nada los afectados inocentes, que sin duda los hubo y los hay, poco o nada podrían hacer para revertir fallos y sentencias desfavorables.
Ahora es el tiempo en que el pueblo decida quiénes deben integrar los juzgados, y cómo deberán desempeñarse a partir de ahora.
