NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Por: Edilberto Cervantes Galván
Ex-Secretario de Educación en N.L.
Monterrey.- El crecimiento económico en los dos últimos siglos se asocia en gran medida a la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos.
Los países del norte global –con Inglaterra encabezando la revolución industrial en el siglo XIX, seguida por Francia, Alemania y los Estados Unidos– han logrado ejercer el liderazgo en la economía internacional, implantando un régimen de protección de sus innovaciones tecnológicas, que les otorga poder monopólico a escala global.
A mediados del siglo XX, la Unión Soviética logró desarrollos científico-tecnológicos, entre otros, en el campo de la energía atómica y la exploración del espacio, que la colocaron en una posición de avanzada y en nivel de competencia con los Estados Unidos. La reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha sido oportunidad para que ésta demuestre una vigente capacidad tecnológica.
En los últimos cuarenta años, la República Popular de China ha desarrollado un proceso de crecimiento productivo, apoyado en la innovación tecnológica, que la coloca en el liderazgo mundial, compitiendo con los Estados Unidos en campos de avanzada: energía atómica, tecnología digital, tecnología espacial, etc.
La posición de los países del sur global en este escenario tecnológico ha sido descrita como de dependencia. El limitado desarrollo industrial en estos países se ha logrado en base a la utilización –mediante arrendamiento– de la tecnología desarrollada en el Norte. Incluso el aprovechamiento de la tierra agrícola –con muy escasas excepciones– se realiza con soluciones tecnológicas importadas y consintiendo el saqueo de riquezas naturales, como ha sucedido con la ancestral minería. Se da el caso actual de que los países de América Latina con yacimientos de Litio (un mineral que se requiere para la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos) no disponen de la tecnología adecuada para su extracción y procesamiento básico.
En México, la estrategia de industrialización que se impulsó a partir de los años cuarenta y hasta mediados de los setenta del siglo pasado, tuvo el propósito de sustituir importaciones: esto es, producir en México lo que se importaba. Básicamente se trataba de dejar de importar bienes de consumo. Este período coincide con la Segunda Guerra Mundial y los años que tomó la recuperación de la capacidad industrial en Europa y la reconversión de la economía de guerra norteamericana. El Norte estaba ocupado en el “esfuerzo de guerra”.
La sustitución de importaciones se planteó también en otros países latinoamericanos, principalmente Argentina, Brasil y Chile. Con las mismas restricciones que en México: para producir los bienes de consumo se requería importar la maquinaria correspondiente. También se negoció el uso de tecnología patentada y por la cual había que pagar regalías. Brasil fue el único país latinoamericano que se desvinculó (temporalmente) del acuerdo internacional de protección de la propiedad industrial y utilizó libremente tecnología patentada de países del Norte. En general, la sustitución de importaciones se llevó a cabo con maquinaria y tecnología importada y con restricciones a las exportaciones de los bienes producidos con la tecnología rentada. El esquema era el de producir para el mercado interno.
Para los años setenta, México había logrado integrar una industria de transformación importante, enfocada necesariamente al mercado interno. Se desarrolló un amplio sector industrial público, con empresas cuya producción (de bienes intermedios) complementaba a las industrias en manos privadas que producían los bienes de consumo final. Por ejemplo: la producción de energéticos (electricidad y petróleo) la realizaban CFE y PEMEX; la producción de acero estaba parcialmente en manos del sector público; la construcción de carros de ferrocarril la realizaba una empresa pública, la cual llegó a construir carros para el Metro y tenía capacidad para producir trolebuses. La industria petroquímica también estaba en el sector público.
Es importante señalar que se había logrado crear un conjunto de instituciones públicas de investigación científica y desarrollo tecnológico. Por ejemplo: el Instituto Mexicano del Petróleo, que funcionaba como una empresa de ingeniería en apoyo a PEMEX. El Instituto de Investigaciones Eléctricas, que apoyaba a la CFE; el Instituto de Investigaciones en Energía Nuclear, en apoyo al desarrollo de la Energía Atómica; el Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas; los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial. Así como instituciones enfocadas al sector agropecuario, como el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo, o el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas medicinales.
A mediados de los años setenta, el CONACYT dio a conocer un Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología. Se destacaba la necesidad de formular una política nacional de desarrollo científico y tecnológico, a partir de los siguientes postulados: a) no existe un patrón único de desarrollo científico y tecnológico y la dependencia en esta materia no satisface las necesidades específicas de nuestra sociedad; b) México debe fijar su propio patrón de acuerdo con sus necesidades y objetivos; c) lograr que la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos del exterior se realice en condiciones adecuadas a su propia realidad nacional; d) se requiere un esfuerzo planificado para construir un sistema científico y tecnológico integrado con las instituciones de educación superior y el sector productivo; e) promover la utilización de las tecnologías generadas en el país.
El objetivo global de la política de ciencia y tecnología era impulsar el desarrollo científico, la autonomía cultural y la autodeterminación tecnológica. La empresa pública podría ser un puntal del desarrollo tecnológico propio. Las instituciones de educación superior deberían tender a la homogeneización de los niveles académicos y la adopción de un currículum básico común. Se reconocía la función primordial de la comunidad científica y el factor determinante de un apoyo constante del Estado. Se planteaba el propósito de emprender en México proyectos de investigación de mayor envergadura que los usuales y alcanzar niveles de excelencia e impulsar la búsqueda de la tecnología más adecuada a la realidad nacional.
Los objetivos y propósitos del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología no trascendieron. México entró en una espiral de crisis económica, a lo largo de los años ochenta, con los gobiernos ocupados en la búsqueda de estabilidad. Para entonces, la estrategia de sustitución de importaciones se había abandonado y la política económica se adaptó a la propuesta de la globalización neoliberal: México debería abrirse al comercio internacional y avanzar en la “modernización”.
Con el neoliberalismo la presencia del gobierno se modificó sensiblemente. La apertura de las fronteras se acompañó de una eliminación a las restricciones al capital extranjero, se “privatizaron” cientos de empresas públicas, se planteó que: “la mejor política industrial” era no tener una política industrial y el sistema de pagos quedó, en su mayor parte, en manos de bancos extranjeros.
El CONACYT se adaptó al nuevo entorno y lo mejor que pudo hacer fue mantener un programa de becas al extranjero, crear un conjunto de centros de investigación, impulsar criterios de excelencia académica en los posgrados y acabó financiando, a fondo perdido, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de las grandes empresas, incluso de empresas de origen extranjero. La gestión de los recursos de CONACYT se instrumentó a través de mecanismos que fueron objeto de fiscalización hace algunos años.
La llegada del Gobierno de Claudia Sheinbaum abre expectativas de un nuevo enfoque en materia de ciencia y tecnología. Al objetivo de gobierno de lograr una prosperidad compartida, se asocia el planteamiento de lograr la soberanía tecnológica. Es, sin duda alguna, un desafío desde una perspectiva nacionalista, manteniendo la apertura comercial hacia el exterior.
Se acaba de crear una Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI). Desaparece el CONAHCYT, que era un organismo público descentralizado. La misión de la nueva secretaría es la de hacer de México “una potencia mundial en ciencia, humanidades, tecnología e innovación, bajo un enfoque de trabajo colaborativo que incida en la búsqueda de soluciones a las principales problemáticas nacionales y responda a las principales demandas históricas y sociales del pueblo de México”.
De entrada, se subraya la función de coordinación entre las secretarías del gobierno federal para el cumplimiento de metas transversales. Así como la coordinación entre las universidades públicas, los centros de investigación públicos y las instituciones de educación superior privadas.
“Corresponde a la nueva Secretaría formular y conducir la política nacional en la materia. Para ello, tendrá como atribución el coordinar, articular y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática”. Un contexto de planeación.
Uno de los primeros proyectos que se han anunciado, como emblemático, es la construcción con recursos tecnológicos nacionales de un vehículo eléctrico. Uno de los investigadores responsables del proyecto ha dado a conocer que se cuenta con la capacidad técnica para producir las baterías, en base a Litio, del nuevo vehículo; un recurso tecnológico esencial.
Se trata de un nuevo enfoque sobre cómo desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas y orientarlas a la resolución de los problemas y necesidades nacionales.
El contexto internacional se encuentra en transición; la globalización neoliberal, de la que los Estados Unidos fueron los grandes promotores, se descompone ahora entre el regreso a casa (homecoming), la producción cercana (nearshoring) y la producción con aliados confiables (friendshoring). Un escenario sin duda complejo, para empezar para los Estados Unidos y sin duda alguna para México.
