Por Mario Alberto Palacios
Monterrey, NL.- El pleno del Congreso desecho más de 30 solicitudes de juicio político en contra de diversos funcionarios, entre ellos el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el actual mandatario Samuel García, e incluso del ex alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, por carecer las denuncias en su contra de pruebas y testimoniales de los demandantes..
Los expedientes promovidos, varios desde el 2010, incluyen otros rezagados desde el 2012, 2014, 2015, 2016, y hasta el 2021.
Todos estaban archivados y sin resolución, en lo que dentro de las labores legislativas se conoce de manera coloquial como “la congeladora”, en la comisión Anticorrupción que fue creada por primera en la septuagésima quinta legislatura.
Arturo Bonifacio Garza de la Garza, ex diputado de Movimiento Ciudadano, fue quien presidió la comisión en la legislatura pasada, la cual tuvo a su cargo el promover junto con los demás integrantes, sancionar a Rodríguez Calderón como responsable de delitos electorales cometidos por él y sus colaboradores en el gobierno de Nuevo León durante su precampaña electoral a la presidencia de México.
El que fuera el primer gobernador independiente acumuló un total de 30 de las 58 solicitudes de juicio político, seguido del panista y ex candidato a la gubernatura, Larrazabal Bretón, le sigue con nueve; Ernesto Canales Santos, ex fiscal Anticorrupción estatal seis, al igual que el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y hoy Fiscal General, Gustavo Guerrero, con cuatro, además del ex alcalde de Juárez, Heriberto Treviño con tres.
Samuel García como diputado local en el periodo 2015-2018, enfrentó cuatro solicitudes de juicio político por violentar con su actuación según los promoventes, las funciones del Poder Legislativo. Como gobernador, en noviembre del 2021, recibió su primer petición de destitución mediante juicio político, pero a diferencia de la casi totalidad de los expedientes, apenas duró cuatro meses en la congeladora, para ser desechado por falta de pruebas.
“Debido a que la presente solicitud de juicio político no fue acompañada de pruebas, se instruye a la Oficialía de Partes a que notifique a los interesados en que no aportaron documentación que avale su denuncia, ni se presentaron a dar su testimonio cuando fueron requeridos, se desecha la actual solicitud al carecer de sustento legal”, señalaron en repetidas ocasiones los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que defendieron el sentido del dictamen.
