Por: El Visor
IMPUNIDAD AL ESTILO MOVIMIENTO CIUDADANO
La decisión de juez de Control de vincular a proceso judicial a solo cinco funcionarios de Protección Civil del Estado y federal, por la muerte de 10 personas y 200 lesionadas por la caída de un templete en el cierre de campaña del excandidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, deja muy mal parado al sistema de procuración de justicia.
Aunque la Fiscalía General tardó nueve meses en investigar los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2024 en el municipio de San Pedro Garza García, no se vinculó a ningún empleado ni algún directivo de la empresa que instaló el temple, el sistema de sonido y video, así como las lonas gigantes que adornaron el lugar pese a que fueron ellos los responsables directos.
Tampoco se procesó a dirigentes y candidatos, entre ellos Lorenía de la Garza, aspirante a la alcaldía sampetrina por Movimiento Ciudadano, ya que fueron quienes organizaron y contrataron todo lo relacionado con esa actividad de campaña.
Dos mas dos es 4: si el conductor de un automóvil lo hace de manera imprudente, al provocar un accidente donde hay heridos o personas fallecidas tiene responsabilidad penal y civil, salvó en el caso de que las condiciones físicas del vehículo o bien, climáticas o de las calles sean las causales del percance.
Otro ejemplo claro es que si el propietario de una edificio o casa contrata a una persona para hacer modificaciones o reparaciones, debe de contratar un seguro de gastos médicos o registrar ante el IMSS al contratado, para en caso de un accidente cubrir sus gastos o de lo contrario podría ir hasta la cárcel y aun así pagar los daños de reparación del daño.
En este caso, los líderes emecistas como la empresa contratada para el evento deben ser responsabilizados de manera directa por negligencia homicida, pero la Fiscalía bajo las órdenes de Javier Flores, ex compañero de carrera universitaria y amigo de Samuel García, padre del gobernador, decidió dirigir sus baterías hacia la parte más débil que son los funcionarios de Protección Civil.
INCENDIO EN GUARDERIA ABC: IMPUNIDAD AL ESTILO PAN Y JUSTICIA TARDÍA
Hace 16 años, en Hermosillo, Sonora, las instalaciones de la guardería ABC se incendiaron dejando un saldo de 49 niños fallecidos y mas de un centenar con heridas graves y permanentes, tendiéndose un manto de impunidad a favor de su dueña, Sandra Lucía Téllez, prima directa de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Ligada a autoridades estatales y federales panistas quienes ocupaban cargos importantes en los gobiernos federal y estatal, eludió la responsabilidad penal hasta que después de muchas batallas los familiares de las victimas lograron que fuera sentenciada y encarcelada al dictarse un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno pedirá la extradición a México de Sandra Téllez, aunque el proceso puede ser largo y difícil para lograrlo.
Mediante una carta abierta difundida el 2 de agosto de 2025, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños A.C. denunció que, pese a tratarse de una persona sentenciada por delitos relacionados con la muerte y lesiones de menores en el incendio, las autoridades mexicanas no habían comunicado oficialmente su detención ni el seguimiento del proceso de extradición.
La copropietaria de la guardería, también es esposa de Alberto Escalante, subsecretario de Ganadería estatal cuando ocurrió la tragedia.
Téllez Nieves cuenta con una sentencia definitiva y firme emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por su responsabilidad en el homicidio culposo de 49 niños y las lesiones culposas de más de 100 menores.
Otros altos funcionarios señalados por el incendio en la guardería son Eduardo Bours, gobernador de Sonora entre 2003 y 2009; Abel Murrieta Gutiérrez, quien fungió como titular de la procuraduría estatal; Juan Molinar Horcacitas, entonces director del IMSS y quien falleció el 21 de mayo pasado de 2015.
Además de Ernesto Gándara Camou, quien fungía como alcalde de Hermosillo; Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Procuraduría General de la República (la extinta PGR).
Claudia Pavlovich, como diputada Local por el distrito XIV, firmó cartas de respaldo a Gildardo Francisco Urquides Serrano, copropietario de la guardería y exsecretario de Finanzas del PRI en el estado, así como de Sandra Lucía Téllez Nieves.
La Suprema Corte determinó corresponsabilidad negligente para varios de estos ex funcionarios, lo cual puede ser indicativo de que la Justicia puede alcanzar a los responsables de la tragedia en el cierre de campaña de MC, algún día se alcanzara.
