Por: El Visor
CAVA SAMUEL GARCÍA SU TUMBA POLÍTICA: ACEPTA QUE SU FAMILIA SE ENRIQUECE A COSTA DEL ERARIO.PÚBLKCO
En un hecho inédito calificado como una burla para los nuevoleoneses, el gobernador Samuel García Sepúlveda reconoció que cientos de millones de pesos del erario público fueron a parar a bufetes jurídicos y fiscales de su familia.
El argumento del mandatario emecista es que estos recursos al ser pagados por su gobierno a proveedores de servicios del Gobierno, y éstos contratar a los despachos de abogados donde él, su padre Samuel Garcia Mascorro y otros parientes son socios o dueños no son un delito al “pasar de ser fondos públicos a fondos privados”.
Este es el argumento central de su defensa ante el juicio político que abrió el Congreso de Nuevo León, derivado de una denuncia formal de Morena sobre peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos entre otros posibles delitos cometidos por el ex precandidato presidencial de MC.
Sin embargo, de acuerdo a abogados penalistas y constitucionalistas, García Sepúlveda al admitir los hechos, incurre en delitos tanto del fuero penal, civil como el federal, entre ellos el lavado de dinero, delincuencia organizada, y el daño al patrimonio público.
“Samuel (García) ya confesó sus delitos. Reconoce que sumas millonarias del Estado fueron a para a despachos de su familia, lo que es un claro peculado y desvío de fondos, aunque pretenda alegar que no existe nada ilegal”, señala Esteban Tello Romero, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Constitucionalistas, capítulo Nuevo León.
El también abogado Gustavo Torres Hernández, experto en temas de Contraloría y anticorrupción de servidores públicos, mencionó que “hay evidencia clara de que Samuel García orquestó desde el gobierno de NL un esquema legal y financiero para enriquecerse él y su familia”.
Firma Jurídica y Fiscal Abogados, según se establece en el expediente, ha recibido en los dos últimos años mas de 200 millones de pesos en pagos por honorarios, procedentes de una docena de empresas proveedoras de diversos servicios y productos a diversas dependencias del Gobierno del Estado.
MEA CULPA DEL GOBERNADOR
El martes 23 de junio, el equipo legal del gobierno entregó en la oficialía de partes del Congreso la respuesta por escrito de García Sepúlveda al citatorio de la comisión Anticorrupción para que compareciera y rindiera su testimonio sobre las acusaciones en su contra.
En el documento de 248 páginas, del cual Proceso tiene una copia, el mandatario responde a los señalamientos de los legisladores bajo los conceptos de “en rebeldía”, “bajo protesta” y “ad cautelam”, al calificar el proceso como infundado.
Al responder de esta forma, el gobernador manifiesta que participa en el procedimiento de manera obligada por ley, pero rechaza la validez, imparcialidad y legitimidad de la acusación impulsada por los legisladores.
En la página 141 de la contestación, la representación legal del gobernador explican el por qué considera que no existe delito alguno en los cientos de millones de pesos que han ido a parar principalmente a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, en cual los dos Samueles son socios a partes iguales.
“Una vez que el Estado paga a un proveedor privado por bienes o servicios efectivamente recibidos, esos recursos pierden su carácter público y se convierten en patrimonio privado del proveedor, quien adquiere la propiedad plena de esos recursos y puede disponer de ellos libremente, incluyendo, pagar honorarios a sus abogados o consultores que contraten”.
Tampoco “existe disposición alguna que obligue a un proveedor privado a mantener el carácter público de los recursos que recibe del Estado en pago de servicios efectivamente prestados.
Según la infundada y temeraria denuncia, se lee en documento, el esquema sería el siguiente:
El Estado paga a empresas contratistas privadas que se mencionan, por servicios prestados; estas empresas reciben el pago y lo registran en su contabilidad; y, ulteriormente, algunas de estas pagan honorarios a los despachos jurídicos del Gobernador y/o de su padre.
“Pero, como ya se afirmó, en el momento en que los recursos van a los despachos, ya no son «dinero público». En todo caso, son recursos de proveedores privados que, en el ejercicio de su libertad, pueden disponer de su patrimonio, como les plazca, incluida la contratación de servicios legales.
La denunciante, se lee en otro párrafo, “califica este esquema como triangulación de recursos públicos, pero la triangulación implica un desvío de recursos antes de que lleguen a su destino final, ocultando su origen o destino, lo que no sucede en la narración que hace la denunciante.
“Además, los contratos públicos son actos jurídicos legítimos mediante los cuales el Estado adquiere bienes o servicios de proveedores privados y el pago a proveedores, de manera alguna, implica un «desvío», pues lo único que configura es el cumplimiento de una obligación contractual”.
LOS DELITOS DE SAMUEL
“Nos encontramos ante una aberración legal de responsabilidad por parte de este hombre, quien pese que es abogado, cree que sus actos no tienen consecuencias, pero si las tiene”, comenta Torres Hernandez.
Con mas de 30 años de desempeñarse en la función pública en áreas jurídicas, contralorías y órganos internos de vigilancia y combate a la corrupción, explica las causales de delito y las sanciones en las que incurrió el gobernador del Estado.
“Esta primero el delito de peculado, la triangulación de recursos públicos a traves de esquemas de facturaciones falsas, en beneficio de él mismo y de familiares en primer y segundo grado, lo que prohíbe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Las sanciones establecidas en el Código Penal y el Código Civil, tanto del Estado como los federales, van desde la separación del cargo, la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público, la reparación del daño en lo economico y hasta la cárcel.
Torres Hernández destaca que al admitir García Sepúlveda que sí hay dinero de las arcas estatales que de una u otra manera beneficio a su despacho, la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción deben de actuar por oficio e investigar los hechos, y definir las sanciones legales que se le deben de aplicar.
“No hacerlo, ahora, con esta afirmación del mismo señalado, la Fiscalía incurre en el delito de omisión o definitivamente de manera oficiosa lo está protegiendo”, agregó el entrevistado.
Agrega que existen opciones legales que permitan a un ciudadano en particular o alguna organización civil, promover demandas penal contra el mandatario y otros funcionarios estatales, al considerar que existe un daño al patrimonio estatal, y por ende, un daño a él como ciudadano que pagua impuestos.}
“Cualquiera que se sienta perjudicado por este esquema de enriquecimiento ilegal, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, tanto estatal como la Federal, independientemente del juicio político que lleve el Congreso. Ahí está la confesión del Samuel García donde acepta la comisión de diversos delitos como funcionario público. Solo es que se presente y la autoridad judicial debe de proceder.
Por su parte, Esteban Tello Romero agrega que los posibles delitos que se le pueden imputar al mandatario nuevoleonés van desde el peculado, hasta el lavado de dinero, además de existir el conflicto de intereses.
“¿Cómo es posible que en tu actuar como gobernador te beneficies directamente de una decisión o acción que hagas como funcionario público. El que al final transfieras dinero del gobierno, por el esquema que quieras afirmar que es legal, una empresa o un despacho de tu propiedad, ya configura un delito específico”, apunta el representante de la Asociación Nacional de Abogados Constitucionalistas.
“Además de delincuente, Samuel García es cínico, al pretender que los ciudadanos creamos que este desvío de recursos estatales no solo es legal, sino que esta permitido solo porque el interpreta las leyes a su antojo, y no es así”.
