Por: El Visor
PRESIONA GOBIERNO A ALCALDES RURALES, BUSCA CONTROLAR A SUS POLICIAS
Desde la Secretaría de Seguridad Publica del Estado, pero por instrucciones directas del gobernador Samuel García Sepúlveda y su secretario General de Gobierno, Miguel Flores, se ha orquestado el plan de presionar a los presidentes municipales de municipios rurales de Nuevo León.
La intención es que los munícipes, sean morenistas, del partido Verde o Del Trabajo, priistas y panistas, y obvio, los emecistas,cedan el control de sus secretaría de Seguridad Pública y las direcciones de Policía v Vialidad.
Se busca que mandos de Fuerza Civil sean designados como secretarios y directores, bajo el pretexto de una mayor coordinación con el Estado, y con ello, con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad estatal, es quien desde hace semanas, ha estado dialogando con los presidentes municipales, invitándolos primero a explicarles el plan de coordinación para el 2026.
Ya entrados en confianza, el jefe policía les exhorta, o más bien les plantea de manera sutil que sería mejor tener para ellos y sus comunas, un secretario y directores de policía surgidos de Fuerza Civil.
La propuesta es planteada como una sugerencia, una especie de consejo entre amigos, pero cargada de malas intenciones. O peor aún: una amenaza velada de que si no cooperan, el apoyo estatal en caso de ser necesaria, podría retrasarse o no llegar.
USO DE FUERZA CIVIL COMO ARMA ELECTORAL
En las elecciones del 2024, durante las campañas proselitistas pero primordialmente en el día de las votaciones, los elementos de Fuerza Civil fueron usados como instrumento de presión política.
Documentado en denuncias presentadas en la Fiscalía contra Delitos Electorales, se presentaron numerosas denuncias contra la Secretaría de Seguridad Pública y contra Fuerza Civil, promovidas por candidatas y candidatos a alcaldías y diputaciones locales.
Las acusaciones iban desde hostigamiento directo por parte de los uniformados hacia los simpatizantes y colaboradores de los candidatos, todos de partidos de Oposición al Gobierno y Movimiento Ciudadano, previo o después de sus recorridos o mitines de campaña.
También se denunció la presencia constante,a manera de rondines, de patrullas de FC en los comités de campaña o sedes de los partidos, lo que se consideraba por los quejosos, como hostigamiento, a fin de amedrentarlos, o bajo el pretexto de protegerlos, seguirlos con sus patrullas a los candidatos en sus recorridos por colonias y barriadas.
El colmo fue que el dia de las elecciones de junio 2 del 2024, la casi totalidad de los elementos de FC, la que se presume como la mejor policía del país, se concentraron en Monterrey, dejando de cubrir otros municipios de Nuevo León.
El gobierno, y así fue documentado, pretendió inhibir la votación en zonas importante de la ciudad capital en donde los simpatizantes del priista Adrián de la Garza, y ciudadanos en general, acudían de manera masiva a las casillas, lo que derivó en la derrota de Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano y esposa del gobernador.
El despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la autónoma Fiscalía General de Justicia, frustró en gran medida el operativo ordenado desde Palacio de Gobierno para boicotear la votación a favor de la coalición Fuerza por Nuevo León integrada por el PAn, PRI y PRD.
Frustrado el plan de hacer ganar la alcaldía regiomontana a la cónyuge del mandatario emecista, también se logró impedir que los aspirantes a diputaciones locales con cabecera en Monterrey llegaran al Congreso, lo cual dejó a MC sin la mayoría para controlar el Poder Legislativo e influir en la toma de decisiones sobre nuevas leyes y los presupuestos estatales y municipales.
Ahora, a año y medio de los comicios en que se renovarán alcaldías, diputaciones locales y se elegirá a quien gobernará Nuevo León hasta el 2033, Fuerza Civil es una pieza estrategica en el plan de Samuel García para controlar el poder después de que deje el cargo.
