Por: El Visor
PRESIÓN AUMENTA Y PONE EN RIESGO VIABILIDAD DEL GOBIERNO ESTATAL
Mientras el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, sigue en su intento por convencer a sus contrapartes del PAN y PRI en llegar a un acuerdo sobre la aprobación de deuda para el gobierno del Estado, su jefe Samuel García sigue entercado en no ceder a los reclamos de repartir los fondos estatales con los municipios de Oposición.
Es este tema, la entrega de más de dos mil millones de pesos que por tres años ha mantenido retenido el Estado y que por ley debió entregar desde hace dos años, el cual sigue atorando las negociones entre las partes y, con ello, deteniendo la ejecución de obras públicas y programas sociales diversos.
Las arenas del tiempo corren rápido en contra de la administración estatal, ya que de continuar paralizados los trabajos de construcción de las líneas 4 y 6 del Metro, los recargos por pasivos que aplicarán las empresas constructoras seguirán incrementándose y encareciéndolas.
El panista Carlos de la Fuente y el emecista Flores reconocen que las negociaciones están más congeladas, y difíciles de llegar a un buen acuerdo. Así que todo apunta a que todo seguirá igual como hace dos semanas, tres meses, un año… Sin avance, sin dinero y sin obras.
LO QUE SI AVANZA SON LA INTEGRACIÓN DE LOS JUCIOS POLÍTICOS
Ayer durante la sesión de trabajo de la Comisión Anticorrupción, la mayoría de los diputados, claro esta con la excepción de los de MC, declararon procedente el iniciar los juicios políticos contra el gobernador Samuel García por violaciones electorales.
De esta manera se atenderá las sentencias emitidas por la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que se ordena al Congreso local imponer sanciones al mandatario.
Son más de 17 sentencias en las que se determinó la responsabilidad del emecista con diversos delitos electorales, desde el uso de recursos públicos, el utilizar el aparato o estructura del gobierno para intentar beneficiar con votos tanto la candidatura de su esposa a la alcaldía de Monterrey, como a otros candidatos de MC.
De no llevar a cabo los procesos sancionadores, los legisladores, todos los 42 incurrirán en desacato a una orden de un juez y con ello, podrían ser hasta destituidos de sus cargos e ir a la cárcel.
¡Sopas, perico!
