Por Mario Alberto Palacios
Monterrey, NL.- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, José Arturo Salinas Garza justificó ante diputados del Congreso la solicitud de presupuesto para el 2022 por dos mil 628 millones de pesos.
La intención es acercar por un lado la justicia a los habitantes de una docena de municipios de ultracrecimiento, la construcción de centros de convivencia familiar, la ampliación de los juzgados virtuales y la puesta en operación los tribunales laborales a partir del mes de mayo próximo.
Salinas Garza compareció ante legisladores integrantes de la comisión de Presupuesto, a quienes les explicó que el proyecto de egresos se compone de dos grandes rubros: la parte inflacionaria que es de 3.4 por ciento, y el rubro de proyectos especiales que se concentran en cuatro temas.
Estos, detalló, son la implementación de la reforma laboral, los centros de convivencia, módulos judiciales y capacitación.
El magistrado presidente detalló que, por mandato constitucional, el Poder Judicial debe asumir la implantación de la reforma laboral, y para esto estiman que deben tener una partida de 252 millones de pesos.
Recordó que será a partir del 2 de mayo del próximo año cuando desaparecerán las juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo que el Poder Judicial deberá asumir los juicios en materia laboral y crear juzgados en la materia, considerando incluso un esquema de gestión en el que los jueces operan con personal en común, tal como se opera actualmente en la materia penal.
Por otro lado, insistió que se estima una partida de 39 millones de pesos para los centros de convivencia, para ampliar los servicios a través de sedes alternas en diferentes municipios de la zona metropolitana. Se proyectan al menos tres o cuatro en los municipios de Apodaca, San Nicolás de los Garza o Santa Catarina.
Se consideran además 21 millones de pesos para los proyectos especiales como la creación de módulos judiciales, en municipios donde no hay juzgados acortando distancias a los ciudadanos.
“Buscamos que el Poder Judicial del Estado tenga presencia gradual en los 34 municipios que carecen de una sede judicial, acercando la justicia a la gente y operando como oficinas receptoras de escritos y promociones, así como espacios físicos para la celebración de audiencias virtuales”.
También buscan 10 millones de pesos para un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León para capacitación.
