noviembre 18, 2026 10:04 pm
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Por: El Visor
SE ACABAN MJNICIONES A MC Y MARIANA RODRÍGUEZ AL TRATAR DE TUMBAR A ADRIAN DE LA GARZA
La campaña política, jurídica, mediática y económica de Movimiento Ciudadano y su excandidata Mariana Rodríguez por ganar de todas todas la alcaldía de Monterrey, ya llegó casi a su punto final, con un desgaste exorbitante para quienes tanto dentro de su equipo y fuera de él, los ciudadanos, lo presenciaron durante casi 10 meses, desde su predestape en noviembre del 2023.
Ahora, con el fallo desfavorable a su causa del Tribunal Estatal Electoral que validó la elección de Adrián de la Garza Santos como próximo presidente municipal, la segunda instancia que es la Sala Regional del Tribunal Federal Electora esta por asestarle otro revés a la esposa del gobernador Samuel García, al descartar la acusación sobre uso ilegal de recursos económicos para financiar la campaña proselitista del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León.
Como lo afirmó la misma Mariana Rodríguez, le quedará la última instancia, la Sala Superior del Trife, para buscar echar abajo los resultados desfavorables a su causa emitidos el 2 de junio, y buscar se convoque a una nueva elección en la cual no participe Adrián de la Garza como candidato.
Pero con dos fallos a favor, sin que se encontraran por parte de magistrados estatales o regionales causales graves de nulidad o que afectaran en su totalidad el proceso, no hay ninguna duda de que se desecharan todas las acusaciones y con ello, el riesgo de una elección extraordinaria como ocurrió en el 2019, cuando se enfrentaron en las urnas el hoy alcalde electo y el entonces panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.
PODER JUDICIAL BUSCA DOBLEGAR A MORENA Y SU PROYECTO DE REFORMA, AFECTANDO A A CIUDADANOS
Es curioso: Por cuestiones de seguridad, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni policías militares o marinos pueden declararse en huelga o suspensión de labores indefinidas, incluso formar sindicatos, para así defender sus derechos laborales.
Los uniformados, sean del fuero civil o del militar, tienen solo derecho a la justicia laboral dentro de sus corporaciones, regidas por leyes específicas que les prohíben asociarse para declararse en huelga o suspensión de labores, bajo el argumento establecido por legisladores, de que su acceso a armas y equipo táctico o información vital para la seguridad, afectaría el Estado de Derecho, y sería tomado como una sublevación o Golpe de Estado.
Eso es aquí en México y otros países del mundo, ya sean los más civilizados y de avanzada como los europeos o el norteamericano, o bien países del tercer mundo o de los desaparecidos bloques socialista o comunista.
Pero ahora, preocupados unos, atemorizados otros, magistrados, jueces de distrito o locales, secretarios de actas o acuerdos, y en suma todos los empleados del Poder Judicial de la federación o de los estados, menospreciando las leyes que ellos deben hacer cumplir a los ciudadanos en general, optaron por iniciar una revuelta en contra del proyecto de reforma que los obligaría a someterse a la voluntad popular mediante elecciones libres y democráticas, para ser designados a los cargos que hoy ostentan.
Si bien sus reclamos de que haya un proceso democrático y transparente que sustente la reforma al Poder Judicial son validos, no lo es el hecho de paralizar en todo México la administración de la justicia, al sencillamente dejar de ir a laborar pretextando la defensa de sus derechos laborales.
Su protesta la hacen sin siquiera emplazar al patrón a una huelga formal, ya que el Poder Judicial es autónomo y ellos mismos son la parte patronal.
O sea, si un ciudadano o una autoridad los demanda Judicialmente por afectar sus derechos a un juicio justo, saldría perdiendo tiempo, dinero y el juicio, ya que sus acusados serían juez y parte.
Los paristas, a quienes un sector de la ciudadanía ven como héroes y luchadores sociales en contra de los abusos del poder y de quienes violan la Constitución federal y las estatales, entiéndase el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y con ellos los legisladores de Morena, al suspender y con ello dilatar o atrasar, incluso postergar, resoluciones judiciales en materia penal, administrativa, civil o mercantil, dañan la administración de la justicia en todos los niveles.
Una mujer que esperaba la sentencia de un violador, deudor alimenticio, un golpeador o un divorcio, tendrá que esperar a que los jueces regresen a trabajar para poder vivir tranquila.
O bien, un procesado que esperaba la resolución para un auto de libertad seguirá encarcelado hasta que el juez decida regresar a su chamba o en los casos de que los términos en tiempo y forma deben de cumplirse para procesar culpables o responsable de algún delito llegan a su límite legal, muchas personas e incluso empresas, saldrán perjudicadas.
¿A que le temen los jueces y magistrados al someterse a una reforma que busca consolidar su profesión, y fortalecer al Poder Judicial en su totalidad?
Parecerá simplón el razonamiento, pero solo quien no se siente preparado y capacitado en su trabajo o profesional, se niega a ser evaluado o sometido a un examen, una prueba antidoping.
Si los médicos cada cinco años tienen que aplicar y pasar los exámenes que les exigen las autoridades de la Secretaría de Salud para poder continuar ejerciendo su profesión, porque los jueces se niegan a ser juzgados por la misma ciudadanía sobre la labor que desempeñan.
Como quieran, con paros y huelgas la reforma sigue adelante.

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